RCP en Misiones: formación y prevención de muerte súbita

La formación en reanimación cardiopulmonar tiene una organización específica en Misiones. La Ley XVII-84 establece un programa de enseñanza dentro y fuera de los hospitales y un sistema de prevención de eventos por muerte súbita en espacios de acceso público. El esquema reúne cursos, personal capacitado, equipamiento e información para la comunidad, con responsabilidades asignadas al Ministerio de Salud Pública y a quienes administran los establecimientos alcanzados.

El alcance del programa permite distinguir varias tareas que deben funcionar de manera coordinada. Una es preparar a quienes enseñan; otra, ofrecer formación en instituciones educativas y otros espacios; y una tercera, sostener la disponibilidad de personas capacitadas en los lugares correspondientes. La ley también incorpora registros y estadísticas para organizar el sistema y conocer los riesgos provinciales vinculados con la muerte súbita de origen cardiovascular.

Quiénes enseñan y dónde se desarrollan los cursos

El programa contempla cursos en establecimientos educativos y en instituciones públicas o privadas con acceso público. Salud Pública debe coordinar con el área educativa la promoción de la enseñanza en los niveles secundario y superior. También puede celebrar convenios con otras instituciones para implementar las actividades. Esa articulación distribuye funciones entre la autoridad sanitaria, el sistema educativo y las organizaciones que participan de la capacitación.

La norma exige que quienes están a cargo de enseñar sean personas capacitadas y habilitadas por Salud Pública. Además, dispone su recertificación cada doce meses. Este requisito corresponde a los responsables de la enseñanza previstos en el artículo 4 y no debe confundirse con una afirmación de que toda persona que asiste a cualquier charla obtiene una habilitación profesional o una acreditación con idéntico alcance.

La actualización de los capacitadores y las pautas de acreditación forman parte del diseño institucional. El Ministerio debe definir los requisitos para formar al personal en RCP básica y en el uso del desfibrilador externo automático, conocido como DEA. También está previsto un Registro Único de Personas Habilitadas. El conjunto vincula la oferta de cursos con condiciones de formación y reconocimiento establecidas por la autoridad competente.

Preparación de los espacios de acceso público

La Ley XVII-84 incluye un sistema de prevención para espacios públicos y privados de acceso público. Los responsables de su administración o explotación deben adoptar medidas para capacitar al personal, de manera que exista disponibilidad permanente para aplicar las técnicas comprendidas. La autoridad sanitaria tiene a su cargo determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo.

El texto define los lugares cardioasistidos por la presencia de elementos que permiten prestar ayuda en los primeros minutos posteriores a un paro cardíaco. También incorpora el concepto de cadena de supervivencia como una secuencia de acciones coordinadas. Estas definiciones ubican la capacitación dentro de una organización más amplia, en la que intervienen personas, recursos y una respuesta articulada ante una emergencia.

La incorporación de equipos de reanimación debe realizarse de manera progresiva en organismos públicos e instituciones privadas. La ley también exige carteles que indiquen la presencia de personal capacitado en RCP y DEA. La señalización informa sobre una capacidad del establecimiento; su cumplimiento requiere que esa preparación exista y se sostenga. La norma no permite concluir, por sí sola, que todos los espacios de la provincia cuenten actualmente con igual equipamiento.

Una reforma con antecedentes compartidos

El dictamen de la reforma de 2020 reunió seis expedientes. Uno de ellos fue el D-47770/17 de Carlos Rovira, que proponía primeros auxilios básicos en establecimientos de educación técnico-profesional. El documento también incorporó iniciativas sobre talleres educativos, prevención de muerte súbita, formación de choferes del Estado y enseñanza de RCP en secundaria. Esa diversidad explica la amplitud del texto tratado por la comisión legislativa.

Entre los autores de los otros proyectos figuran Oscar Alarcón, Martín Cesino, Silvana Giménez, Natalia Rodríguez, Mariela Aguirre, Juan Marcelo Rodríguez, Víctor Kreimer y Gustavo González, junto con otros legisladores. La contribución de Rovira debe leerse dentro de esa elaboración conjunta y referida a su iniciativa específica. La ley consolidada reúne el programa y sus reformas; su aplicación corresponde a Salud Pública y a las instituciones involucradas.

Información pública y seguimiento

La autoridad sanitaria debe desarrollar información y estadísticas sobre la muerte súbita y sus riesgos en la provincia. El registro y los datos previstos aportan herramientas para planificar la capacitación y evaluar necesidades. Los convenios con instituciones formadoras permiten organizar actividades conforme a los parámetros exigidos. La ley invita, además, a los municipios a dictar disposiciones complementarias para su aplicación en el territorio.

El Poder Ejecutivo puede adecuar el presupuesto para cumplir estas disposiciones. La previsión financiera acompaña las obligaciones de formación y la incorporación progresiva de equipos, que requieren recursos para sostenerse.

Del 20 al 27 de agosto se establece la Semana de Lucha Contra la Muerte Súbita, destinada a sensibilizar sobre la formación. Esa instancia de difusión acompaña un trabajo que requiere continuidad durante el año. El marco misionero vincula enseñanza, preparación institucional y seguimiento: conocer las responsabilidades de cada actor ayuda a comprender cómo se organiza la capacitación y qué condiciones deben sostener los espacios alcanzados por el programa.